El blog de Planeta Sostenible, por José Leal, Ingeniero Civil Industrial, investigador y docente del Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), en Chile hay un total de 141 especies marinas que constituyen pesquerías: 74 especies de peces, 23 de crustáceos, 31 de moluscos y 13 especies de algas. Las principales especies que han sustentado los desembarques nacionales comerciales corresponden sólo a 25 de esas pesquerías, entre peces pelágicos (anchoveta, jurel, reineta), peces demersales (merluza, congrio, bacalao), crustáceos (langostino, camarón), moluscos (loco, macha) y erizos.
Todos son “pescados y mariscos” bien conocidos por nosotros los chilenos. Los hemos cocinado, saboreado y disfrutado. Sin embargo, de repente desaparecen en los mercados y los restaurantes. ¿Por qué ocurre esto? Y ¿por qué en forma tan tenaz durante los últimos años? Los informes disponibles muestran que la disminución de los distintos recursos pesqueros, ya sea por extracción humana o por factores ambientales, ha sido fuerte y sostenida, llegado a una situación dramática y preocupante en 2015, como lo documenta el Informe País sobre el estado del medio ambiente difundido por la Universidad de Chile.
Las principales pesquerías pelágicas disminuyeron en más del 70%, respecto a fines del siglo pasado, mientras que la pesquería demersal se redujo por sobre el 82%. Los crustáceos considerados en el análisis y los erizos disminuyeron sus desembarques en torno a un 45% en el período comparado. Los moluscos están entre los recursos con menos reducción (21,5%), debido principalmente a que están sujetos a planes de manejo. No obstante, igual muestran disminuciones que no se compadecen con el crecimiento de la población y del nivel de vida de los chilenos.
Tales disminuciones se deben a que los recursos no están donde solían estar. Han desaparecido o se han refugiado en alta mar o lugares remotos. Más aún. La Subsecretaría de Pesca califica a 9 recursos de pesquería en condiciones de colapso y otros 10 en estado de sobreexplotación. A esto se agrega una variable compleja como es la incertidumbre respecto al estado real de ciertas pesquerías, el que podría ser más delicado aún, dado que para algunas especies los reportes no incluyen los niveles de descarte de la flota industrial, o lo correspondiente a la extracción de la flota artesanal, que suelen alcanzar valores de importancia.
La pregunta es ¿qué se ha hecho? Con la aparición de la nueva institucionalidad ambiental creada a mediados de los noventa, las iniciativas regulatorias que se encontraban en sectores específicos de la administración del Estado, tendieron a consolidar el nuevo sistema de gestión ambiental creado para evaluar todos los proyectos o actividades que se instalarían en el borde costero nacional. Esto fue recogido en modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, como principal norma establecida para la explotación y conservación de los recursos marinos.
Sin embargo, aun cuando nuestro país ha mostrado iniciativas normativas destinadas a la protección y ordenamiento del borde costero, éstas no han evolucionado de la misma forma que experimentó la regulación ambiental. La institucionalidad no ha obedecido a una política que permita una regulación permanente e integral, ya que por ahora parece obedecer más a una finalidad sectorial. En otras palabras, hay más preocupación por el negocio de la pesca o la acuicultura que por nuestra riqueza ecológica marina. Hasta ahora no se escuchan voces que apunten a salvaguardar esta parte fundamental de nuestra amenazada diversidad biológica.
