En una nueva entrega de ECODIÁLOGOS, el blog de Planeta Sostenible, José Leal, Ingeniero Civil Industrial, investigador y docente del Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) de la Universidad de Chile, comenta el estado de Chile en cuanto al rol que cumplen las entidades de gobierno enfocadas al cuidado del medioambiente.
Digamos para empezar que Chile se ha dado en los últimos tiempos una institucionalidad ambiental de lujo, a la altura de las mejores y más completas entre los países de América Latina y el Caribe, por no salir de nuestra región; y por cierto a la altura de sus pares en la OCDE, que ha influido en que el país se decida a implementar tales desarrollos.
Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente con su correspondiente Subsecretaría y un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; más una Superintendencia de Medio Ambiente que se ocupa de un tema que siempre ha sido conflictivo, como es la fiscalización de las obligaciones ambientales y la sanción de sus trasgresiones, sobre todo en el sector privado y la ciudadanía. Una dimensión de la política pública que se ha revelado ineficaz por décadas. Se recordará que el paso más importante dado en el pasado fue la creación de unos comités de fiscalización, necesarios porque el fuerte de las potestades fiscalizadoras estaba (y en muchos casos sigue estando) en los servicios sectoriales y había necesidad de coordinar un mínimo. Bienvenida pues esta Superintendencia.
Sobre todo porque le ha caído la tarea de hacerse cargo de la aplicación de los impuestos verdes, que de acuerdo a los decretos que los crearon en 2014 como parte de la reforma tributaria, deberían estar en funcionamiento en 2017. La Superintendencia tiene que hacerse cargo de la cuantificación de las emisiones de MP, NOx, SO2 y CO2 de las fuentes fijas afectas. Se han generado manuales al respecto. La recaudación debería comenzar en 2018. No ha pasado mucho todavía. Agreguemos a esto la aplicación de estos impuestos a los vehículos nuevos. Las organizaciones empresariales no han sido nada de entusiastas en relación a estos impuestos verdes, con cuestionamientos económicos y prácticos. Habrá que ver la composición política del próximo gobierno para ver si está iniciativa prosperará o será un nuevo volador de luces.
Siguiendo con la institucionalidad, otro ente fundamental es el Servicio de Evaluación Ambiental, que concentra el trabajo de analizar los proyectos de desarrollo con impacto ambiental potencial. Se supone que es una salvaguarda para el futuro. Esto, sumado a un reglamento remozado y reforzado, fue la guinda de la torta a un trabajo que se venía haciendo desde hace bastante tiempo en materia de elevar la sustentabilidad ambiental de los proyectos sometidos al sistema. Es tal vez el área con mayor visibilidad de la gestión ambiental nacional desde que se implantó el sistema en forma voluntaria, hace 25 años. Sin embargo, el tema de Til Til y la aprobación de una planta para la deposición de residuos sólidos en un área saturada de tales iniciativas, aplicada con abundante retórica para hacer “funcionar la institucionalidad”, ha revelado una falencia grave del sistema, del servicio, de la política ambiental y de la ética gubernamental. Aparte de la carencia del tan necesario instrumento del ordenamiento territorial…
Debemos sumar a estos cuerpos institucionales los Tribunales Ambientales, creados para ocuparse del tema fundamental de las controversias entre los proponentes de iniciativas productivas, los ciudadanos involucrados y el estado. Pues ha ido consolidándose lentamente y quedan muchas instancias regionales por hacer efectivas plenamente, sólo una de tres se puede decir que opera. Sin ánimo de menoscabar el trabajo de los profesionales que los manejan, el diagnóstico muestra debilidades por todos lados, desde los sistemas de nombramiento de los jueces a dificultades por falta de normas sustantivas y procesales. Sin contar la falta de presupuesto. Lo más grave es que el procedimiento funciona por instrumento de gestión ambiental, lo que no siempre coincide con elementos o componentes del ambiente afectados. En este plano, los tribunales no se pueden hacer cargo de los déficits regulatorios además de su flagrante falta de autonomía. Han hecho algún trabajo pero la ciudadanía no ve que hayan sido efectivo, ocupándose a menudo de casos que no están entre las preocupaciones mayores de los afectados.
Hará falta pues un esfuerzo de voluntad política, cívica y ética por parte del gobierno (el actual y el futuro) para que esta institucionalidad de lujo (a la que se agregan sin que lo hayamos mencionado y lo dejamos para más adelante, la Agencia de Cambio Climático y una Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje) se aplique a la protección de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales con intención efectiva… y no a medias o regañadientes.
